2.240 abogados han defendido a imputados por droga en últimos 4 años

“No son peligrosos, se trata de gente común y corriente, que eligió su destino igual que nosotros”. Así define la abogada Helhue Sukni (58) a los clientes que defiende por infracciones a la Ley 20.000; o sea, ligados a algún tipo de tráfico de droga.

La profesional se mueve en los tribunales de Santiago y Rancagua. Aquel delito compone más de la mitad de sus casos. Lleva 18 años en esas lides y asegura que sólo una vez la han amenazado. “Fue de palabra, sin ningún arma. Lo manejé bien, porque entre narcos y choros (delincuente avezado), yo aprendí que no hay que tenerle miedo a nadie”, dice.

Cada actuación suya, sin embargo, no queda en el olvido. Según el artículo 61 de la Ley 20.000, publicada en 2005, todo abogado que “patrocine o actúe como apoderado o mandatario de una persona imputada por esta ley”, debe ser informado a la Contraloría General de la República. Y el mismo texto legal también determina que esa defensa lo inhabilita para trabajar en el sector público.

La Contraloría, a su vez, maneja un registro con la totalidad de los abogados notificados, tanto por el Ministerio Público como por los tribunales. Hasta junio de 2011 había 1.588 profesionales en ese índice.

A través de una solicitud a transparencia, La Tercera accedió al listado que se elaboró entre el 1 de enero de 2010 y el pasado 24 de marzo. Es decir, de los últimos cuatro años. Allí aparecen 2.240 profesionales. En este mismo período, el órgano superior de control fue informado de 28.970 causas asociadas a la Ley 20.000. En ellas, “se ha detectado un caso de incompatibilidad en los años consultados”, se informa en el documento emitido por transparencia. Es decir, sólo uno de los abogados notificados trabajaba, al mismo tiempo, en una causa de drogas y en el aparato estatal, que es lo que busca impedir la ley.

Alumbrados

Sukni, con 144 notificaciones, aparece en el cuarto lugar del listado general. Ella ha defendido a bandas como Los Gaete, de La Victoria, y Los Care’Jarro, de la población José María Caro. Su única queja es que nunca le pagan la segunda cuota del dinero convenido. “Son muy agradecidos de mi trabajo, pero sólo uno de cada 10 clientes vuelve a cancelarme, el resto se pierde”. No dice por qué. Tampoco revela los montos involucrados.

El ex defensor público y actual abogado privado Cristián Moya figura en el número ocho de la lista. El tiene una visión muy diferente del tema: “En Chile no existen esos narcos millonarios excéntricos de las películas, de autos lujosos y piscinas. Se trata de tráficos menores, por montos igualmente menores. Y uno nunca tiene una relación cercana con ellos”, dice.

Cuenta que la tarifa habitual para una defensa por Ley 20.000 oscila entre $ 2 y $ 3 millones.  Lo mismo que se cobra por un caso de robo con intimidación o con violencia. Destaca que cuando un abogado tiene éxito, los propios imputados se van pasando el dato y lo contactan. Así va creciendo su cartera de clientes. Y coincide con Sukni en cuanto a que, muchas veces, estos clientes  no pagan el total de lo acordado. “Cuando parte el caso, ellos están libres y tienen recursos, pero conforme pasan los meses, al parecer se les va acabando el dinero, sobre todo si quedan en prisión preventiva”, comenta.

En cuanto a sus conductas, agrega que “ellos son tranquilos. En ningún caso peligrosos. En ‘coa’, el narco trata de ser poco ‘alumbrado’, es decir, intenta pasar desapercibido. No llama la atención. Muchos llegan hasta en micro a mi oficina. Sus parejas, en cambio, sí son más asiduas a la ropa, joyas y accesorios ostentosos”.

También está de moda, entre los defensores, el contratar promotoras para que entreguen flyers con información de sus bufetes a la salida de los tribunales. Los que siguen esta práctica, sin embargo, ven todo tipo de causas. No sólo de drogas.

Derecho a defensa

Olga Feliú, presidenta del Colegio de Abogados, destaca que el derecho a la defensa está consagrado constitucionalmente: “El delito de drogas es muy sensible dentro de la sociedad; de allí los resguardos, ya que, además, el dinero con que se cancelan los trabajos suele provenir de ilícitos. Sin embargo, se trata de un justo ejercicio de la profesión, totalmente legal. Pero, al mismo tiempo,  también se debe ser drástico en proteger el aparato público. Por eso existe la inhabilidad”.

Una visión similar manifestaron algunos parlamentarios, como los senadores Felipe Harboe (PPD) y Alberto Espina (RN), quienes defendieron esta normativa como una forma de proteger los servicios del Estado ante cualquier intento de penetración de las redes de narcotráfico (ver recuadros).

El problema, no obstante,  se genera en torno al tiempo que dura esa incompatibilidad, ya que la Ley 20.000 no estipula de forma explícita un plazo concreto para su prescripción. Solamente dice que no se puede ser, al mismo tiempo, abogado de un imputado por drogas y funcionario del Estado. Y sólo exime a defensores penales públicos, abogados de la Corporación de Asistencia Judicial y alumnos en práctica de esta última.

Causas terminadas

El profesional Luis Madariaga, quien aparece mencionado 152 veces en el registro, del cual ocupa el segundo lugar, tiene una visión clara sobre este problema.

“Primero se notifica el nombre de un abogado a Contraloría, pero cuando la causa concluye no se oficia del mismo modo al ente contralor, comunicando que su representación ha finalizado. Por lo tanto, muchas veces ese listado no está vigente”, sostiene.

Agrega que “en mi estudio hubo dos abogados que, estando en esa lista, de todas formas pudieron ingresar a la administración pública. Tuvieron que ir a la Contraloría, sacar una nómina de las causas en que figuraban como representantes vigentes y acreditar que ya no eran parte de las mismas”.

Madariaga, no obstante,  está de acuerdo con la existencia de la cláusula. “Me parece correcto, porque es una forma de proteger que las redes del narcotráfico no se involucren dentro de la administración del Estado. Es una medida de protección social adecuada”.

En cuanto al comportamiento de sus clientes, no tiene quejas. “Tramito todo tipo de casos, no sólo por la Ley 20.000. Y jamás he sufrido amenazas ni nada malo de un representado. Eso no tiene que ver con el delito, sino con la conducta del abogado. Cuando me contratan, no hago promesas desmedidas e incumplibles”.

Una opinión discordante, con respecto a las inhabilidades la plantea el abogado Reiniero García de la Pastora, quien también figura en  el listado, con 44 causas.

“Me parece que establece una discriminación sin sentido. Los abogados no tenemos vínculo con nuestros clientes. Y el artículo 61 resulta abusivo, pues ignora la presunción de inocencia. Da lo mismo si el defendido fue absuelto. Uno de todos modos queda dentro de una lista de inhabilidad”.

Respecto de la carga valorativa de defender a una persona vinculada con drogas, García de la Pastora subraya  que “uno representa a diferentes personas, por diferentes motivos. Y lo hace desde un punto de vista técnico-jurídico. Al inocente se le defiende como tal y al culpable se le asiste para que su castigo sea justo. Las drogas son un delito de muchos otros dentro del espectro”.

La Tercera también intentó contactar, por vías telefónica, de internet y presencial, a los abogados privados Pedro Castro Schneider, Scarlett Muñoz Venegas y Gustavo Zeballos Marín, quienes también aparecen  en la nómina de Contraloría,  pero no fue posible ubicarlos para conocer su postura. El profesional Patricio Cofré Soto, en tanto, declinó referirse al tema.