La prescripción en cobro de facturas, jurisprudencia

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA:

Vistos:

En estos autos Rol Nº 7309-2010, la parte demandante, Sociedad de Prestaciones Médicas Limitada, dedujo recurso de casación en el fondo contra la resolución pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiagoque confirmó la resolución del Vigésimo Segundo Juzgado Civil deSantiago, en la cual no se dio curso a la acción ejecutiva emanada de la notificación de factura, en razón de haber transcurrido el plazo de un año establecido por la ley para tal efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 inciso 3º de la Ley Nº 19.983.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de nulidad denuncia la infracción consistente en que la sentencia impugnada incurre en error de derecho al acoger la excepción de prescripción de la acción ejecutiva intentada, pues se han dejado de aplicar las normas contenidas en los artículos 29 y 40 del Código de Procedimiento Civil y 178 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto dejan claramente establecido que una pretensión judicial puede iniciarse tanto por la presentación de la demanda o bien por medidas preparatorias de la vía ejecutiva, cual ha sido el caso de autos. Así, explica que se ha obviado que la notificación personal de estas gestiones previas interrumpen la prescripción de la acción judicial en los términos que prevén los artículos 2518 inciso 3º y 2503 inciso 1º, ambos del Código Civil.

Postula a continuación que la falta de aplicación de las reglas relativas a la interrupción civil de la prescripción ha llevado al tribunal a una errada aplicación del derecho contenido en el artículo 10 de la Ley Nº 19.983, infringiendo las normas de interpretación de la ley.

Segundo: Que señalando el modo en que tales errores de derecho influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, expone el recurrente que de haber considerado los jueces de la instancia las normas reseñadas en el motivo anterior, habrían entendido que la notificación personal de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva interrumpe el plazo de prescripción de la acción de esta naturaleza, por tratarse dicha gestión de un antecedente obligatorio de dicha acción ejecutiva sin el cual no puede iniciarse y despacharse mandamiento de ejecución y embargo.

Tercero: Que para una acertada resolución del asunto deben tenerse en consideración los siguientes antecedentes del proceso:

a.- Por libelo presentado el día 14 de enero de 2009 don Joaquín Humberto Torres Rojas, en representación de Sociedad de Prestaciones Médicas Limitada, solicitó se procediera a notificar judicialmente al demandado Centro de Referencia de Salud Maipú, el cobro de la factura Nº 00058, con vencimiento el 22 de octubre de 2008, por un monto de $10.800.000.

b.- Con fecha 18 de marzo de 2009 se notificó al demandado de la gestión preparatoria precedentemente aludida.

c.- El 29 de enero de 2010 el actor dedujo demanda ejecutiva, pidiendo se despachara mandamiento de ejecución y embargo en contra del ejecutado por la suma de $10.800.000, más reajustes, intereses Y costas y se ordenara seguir adelante con la ejecución hasta el entero y cumplido pago de la suma adeudada. Tal demanda fue proveída con la misma fecha no dándosele curso por haber transcurrido más del plazo de un año establecido en el artículo 10 inciso 3º de la Ley Nº 19.983.

Cuarto: Que para determinar si se han producido las infracciones de ley denunciadas por el recurrente, corresponde tener principalmente en consideración que, como se consignó en el fundamento anterior, la gestión preparatoria de notificación judicial de cobro de factura se presentó el 14 de enero de 2009, y se notificó al representante del Centro de Referencia de Salud Maipú el 18 de marzo del mismo año, efectuándose luego la certificación correspondiente y, una vez llevado a cabo dicho trámite, al no haberse alegado falsificación material, falta de entrega de mercaderías o de prestación de servicios, quedó habilitado el acreedor para proseguir con la ejecución, lo que ha acontecido en la especie.

Quinto: Que, en consecuencia, la cuestión que se plantea a través del recurso en análisis consiste en decidir si la actividad previa a la interposición de la demanda ejecutiva, desplegada por el actor, y consistente en la gestión preparatoria de la ejecución, ha podido tener la facultad de interrumpir el término de la prescripción estatuido en el artículo 10 de la Ley Nº 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de una factura y que en su inciso 3º estatuye: “El plazo de prescripción de la acción ejecutiva, para el cobro del crédito consignado en la copia de la factura establecida en esta ley, en contra del deudor de la misma, es de un año, contado desde su vencimiento. Si la obligación de pago tuviese vencimientos parciales, el plazo de prescripción correrá respecto de cada vencimiento”.

Para la adecuada resolución del asunto conviene tener presente lo preceptuado en los artículos 178 del Código Orgánico de Tribunales y 5º letra d) de la Ley Nº 19.983, que previenen: “No obstante lo dispuesto en el artículo 176, serán de la competencia del juez que hubiere sido designado anteriormente, las demandas en juicios que se hayan iniciado por medidas prejudiciales, por medidas preparatorias de la vía ejecutiva o mediante la notificación previa ordenada por el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil” y “La misma copia referida en el artículo anterior (se refiere a la copia de la factura indicada en el artículo 1º de la misma ley) tendrá mérito ejecutivo para su cobro, si cumple los siguientes requisitos: d) Que puesta en conocimiento del obligado a su pago mediante notificación judicial, aquél no alegara en el mismo acto, o dentro de tercero día, la falsificación material de la factura o guía o guías de despacho respectivas, o del recibo a que se refiere el literal precedente, o la falta de entrega de la mercadería o de la prestación del servicio, según el caso, o que, efectuada dicha alegación, ella fuera rechazada por resolución judicial. La impugnación se tramitará como incidente y, en contra de la resolución que la deniegue, procederá el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo.”

Del examen de los preceptos transcritos se desprende que la gestión preparatoria de notificación del cobro de factura y el juicio posterior, en este caso ejecutivo, constituyen una unidad procesal, aun cuando materialmente puedan existir dos expedientes diversos -lo que en la especie ni siquiera sucede- puesto que “se formará el proceso con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio”, según indica el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, a lo cual se añade que el legislador sólo ha requerido en forma perentoria que “la primera notificación a las partes o personas a quienes haya de afectar sus resultados, deberá hacérselas personalmente”, atendido lo ordenado por el artículo 40 del mismo Código, lo que se entiende cumplido al notificarse la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, y luego la resolución que provee la demanda, ordenando el despáchese, puede notificarse por cédula en atención al hecho que en el “sistema adoptado en el Proyecto -dice el Mensaje del Código de Procedimiento- consiste en practicar una primera notificación personal al demandado, rodeándola de todas las seguridades necesarias para su regularidad, e imponer en seguida a las partes la obligación de mantener vigilancia activa sobre la marcha del proceso autorizando para ello las notificaciones por cédula y aún por la simple inscripción en los estados de las secretarías”.

Lo anterior resulta también acorde, por cierto, con lo que se estatuye en el artículo 100 de la Ley Nº 18.092, aplicable al cobro de letras de cambio, de pagarés y asimismo al de cheques (por remisión del artículo 11 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques), en orden a que “La prescripción se interrumpe sólo respecto del obligado a quién se notifique la demanda judicial de cobro de la letra, o la gestión judicial necesaria o conducente para deducir dicha demanda o preparar la ejecución”, norma que, si bien trata sobre otros instrumentos mercantiles, diversos al perseguido en este litigio, aborda idéntica situación a la que se prescribe tratándose del título fundante de la presente acción, escenario éste que lleva a colegir que si existe la misma razón, resulta procedente arribar a idéntica conclusión para el caso de haberse iniciado un pleito con la gestión previa de notificación de facturas, esta es, que la notificación de la gestión preparatoria interrumpe la prescripción de la acción intentada.

Sexto: Que del análisis previo resulta indefectiblemente que el plazo de prescripción aplicable en la especie que contempla el artículo 10 de la Ley Nº 19.983 y que debe computarse a partir del vencimiento, se ha interrumpido con la notificación efectuada del mismo al obligado, es decir, con la notificación de la gestión preparatoria de la ejecución.

Séptimo: Que el efecto propio de la interrupción civil es la pérdida de todo el tiempo de prescripción que hubiere alcanzado a correr, produciéndose el resultado de esta institución al notificarse el cobro de la factura con fecha 18 de marzo de 2009, esto es, antes de que hubiere transcurrido el plazo de un año que establece el precepto referido en el motivo anterior.

Octavo: Que de esta manera, era improcedente y contrario a lo que la ley dispone, que los sentenciadores del fondo no dieran curso a la demanda ejecutiva, en consecuencia, al no razonar el fallo impugnado de la forma indicada, han cometido error de derecho precisamente por infracción a las normas invocadas por el recurrente, yerro de derecho que ha influido substancialmente en lo dispositivo de su determinación.

Noveno: Que de acuerdo con lo expuesto procede que se acoja el recurso de casación en el fondo deducido por el actor, por haberse configurado los presupuestos que justifican anular el fallo impugnado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 89 por el abogado Francisco Piffaut Passicot, en representación de la ejecutante y, por tanto, se invalida la sentencia de veintinueve de enero de dos mil diez, escrita a fojas 61, y acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicta la sentencia que corresponde conforme a la ley.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.

Rol Nº 7309-2010.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G., y los Abogados Integrantes Sr. Luis Bates H., y Sr. Alfredo Prieto B.

SENTENCIA DE REEMPLAZO:

Santiago, nueve de octubre de dos mil doce.

En cumplimiento a lo resuelto y atendido lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la sentencia que corresponde conforme a la ley.

Vistos:

Que del mérito de lo expresado en los motivos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del fallo de casación que antecede y, considerando que desde el 22 de octubre de 2008 -fecha del vencimiento del documento fundante de la presente acción ejecutiva consistente en la factura Nº 00058-, hasta el 18 de marzo de 2009 -data en la cual se procedió a la notificación de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva- no ha transcurrido el término de un año a que se refiere el artículo 10º de la Ley 19.983, la excepción de prescripción de la acción opuesta por la ejecutada, en cuanto dice relación con el instrumento individualizado, no podrá prosperar.

Por lo expuesto y con el mérito de lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara que se revoca la resolución apelada de veintinueve de enero de dos mil diez, escrita a fojas 61 y, consecuencialmente, se ordena acoger a tramitación la demanda ejecutiva interpuesta en lo principal de fojas 59 como en derecho corresponda.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.

Rol Nº 7.309-2010.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G., y los Abogados Integrantes Sr. Luis Bates H., y Sr. Alfredo Prieto B.